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El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, compuesta por 36 artículos y varias disposiciones, una norma orientada a la mejora de la gestión y la calidad en la prestación de los distintos servicios públicos, a la vez que se garantiza la salvaguarda de los derechos de los empleados, reforzando la voluntariedad del proceso de integración.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha señalado en el debate final del proyecto de Ley que, con el desarrollo de la misma, se contará con “un sector público más ágil, eficaz, eficiente que optimice al máximo los recursos económicos”.

En su intervención ante el pleno de la cámara, Martínez Aguayo ha agradecido la participación de los agentes sociales durante la tramitación parlamentaria y ha destacado que “todas las organizaciones han tenido la oportunidad de hacer aportaciones” a la misma. En este sentido, ha recordado que fueron convocados a la Comisión de Hacienda y Administración Pública, celebrada el pasado 11 de enero, los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, SAFJA y Ustea, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Confederación de Asociaciones de Vecinos, la Unión de Consumidores de Andalucía y la Federación de Consumidores en Acción.

La consejera ha indicado que muchas de las propuestas realizadas por estos agentes sociales han sido recogidas en las enmiendas presentadas por los grupos políticos y se han incorporado al texto de la ponencia.

En su opinión, el esfuerzo de estas organizaciones por mejorar la norma y por perfeccionar un proyecto ambicioso y complejo, como la reordenación del sector público, demuestra que esta Ley interesa a los colectivos de la sociedad civil, ya que “está en juego la mejora de la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos”. Asimismo, ha subrayado que el debate parlamentario de esta norma ha contribuido a esclarecer cuál es el modelo de sector público que defiende cada grupo político.

La lLey aprobada busca reforzar el modelo público de prestación de servicios a los ciudadanos, con plenas garantías y derechos para el conjunto de empleados de la administración. Su aplicación permitirá suprimir 111 entes instrumentales dependientes de la comunidad autónoma, lo que supondrá un ahorro económico estimado de más de 118 millones de euros para el período 2010-2013.

En la norma, queda garantizada la aplicación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario y la aplicación del convenio colectivo de la administración de la Junta al personal laboral de la misma hasta que, en su caso, exista un nuevo convenio. Además, se indica que se mantiene la condición de personal funcionario o laboral, con independencia de su integración en alguna de las nuevas agencias.

También se indica que queda reforzada la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la condición de personal funcionario o laboral de la administración general de la Junta.

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